Hace ahora seis años se aprobaba la Ley de Segunda Oportunidad, que permitía, tras unas estrictos normas y pasos legales, que profesionales y autónomos en graves apuros financieros pudieran cancelar sus deudas. Hace ahora un año, en pleno confinamiento, el Gobierno central cambió el criterio de cancelación de las deudas en relación al crédito público (Hacienda, Seguridad Social, …). Se establecía una controversia jurídica que ha sido aprovechada por decenas de autónomos y empezaron a dictarse las primeras sentencias que perjudicaban a las instancias públicas. En uno de los primeros casos fallados tras la reforma que favorecían a un pequeño empresario, la Hacienda de Gipuzkoa recurrió a la Audiencia Provincial, instancia que ahora desestima su demanda. La sentencia ha sido recurrida por la Hacienda guipuzcoana al Supremo. La Ley de Segunda Oportunidad ha sido la herramienta utilizada por centenares de particulares o autónomos en graves apuros financieros, para aligerar la carga...